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El Tribunal de Cuentas pide 5,2 millones a Artur Mas por la consulta del 9-N y le da 15 días para depositar la fianza

  • El Tribunal de Cuentas reclama 5.251.948,17 euros a Artur Mas por el referéndum ilegal del 9-N de 2014. Tiene 15 días para depositar la fianza o se le embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio.


    El Tribunal de Cuentas ha reclamado hoy al expresidente catalán Artur Mas 5,2 millones de euros (5.251.948,17 euros) por los gastos de dinero público que conllevó organizar y celebrar el referéndum ilegal del 9 de noviembre del año 2014, por el que también tendrán que responder otra decena de cargos de su Govern.


    Fuentes del Tribunal han explicado que los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza es "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero los demás habrán de responder por él.


    Según fuentes cercanas a los representantes legales, en esa cantidad ya estarían sumados 400.000 euros de intereses. No obstante, fuentes del Tribunal han asegurado que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.


    Además de Mas, hoy estaban citados por el organismo tres de sus consejeros -su exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia)-.


    Además de Mas y estos tres consejeros, hoy también estaban citadas por el organismo otras siete personas que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N: el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana, más Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana y Jordi Serra i Catalán.


    No obstante, fuentes del Tribunal han asegurado que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.


    Los denunciantes, Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, reclamaban en conjunto la devolución de más de cinco millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.


    Procedimiento habitual


    El Tribunal de Cuentas ya dijo que con Artur Mas y demás investigados se ha seguido el "procedimiento habitual" en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos, según lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal.


    La denuncia de SCC y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.


    En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación(70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).


    Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".


    También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".


    Tribunal Supremo


    Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.


    En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.

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