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Finalmente el Tribunal de Cuentas le dio el sí al avión presidencial

  • Decidió no volver a objetar el proceso de compra de la aeronave. El presidente del Tribunal está enfermo y su suplente se excusó de actuar.


    Por cuatro votos contra tres, el Tribunal de Cuentas decidió este miércoles 1 levantar las observaciones que ese mismo organismo había realizado, en cuatro instancias anteriores, a la adquisición por parte del Poder Ejecutivo de un avión presidencial. 

    El cambio se debió a que Oscar Grecco, uno de los ministros que apoyó en su momento las objeciones, renunció a fines de diciembre. Su lugar fue ocupado por Miguel Aumento, cuyo pronunciamiento cambió la conformación de votos y, por ende, el resultado. 

    La mayoría se completó con el voto de la vicepresidenta del Tribunal, Diana Marcos, y del ministro León Lev. 

    También votó a favor de la levantar las observaciones Ariel Rodríguez, tercer suplente del presidente del organismo, Siegbert Rippe. 

    El titular del organismo está de licencia médica y su primer suplente, Susana Díaz, se excusó de participar en esta definición. 

    Todos ellos fueron propuestos para integrar el organismo por parte del Frente Amplio. 

    Votaron en contra de levantar las observaciones los ministros Beatriz Martínez y Ruperto Long, recomendados por el Partido Nacional, y Àlvaro Ezcurra, nominado por los colorados. 

    Oficialmente el Tribunal culminó sus actuaciones con respecto al caso, por lo que Presidencia carece ahora de cualquier impedimento técnico para avanzar en la compra del avión. 

    En diálogo con ECOS, Long dijo que las observaciones que se le hicieron en su momento al proceso siguen estando vigente. 

    “No hubo cambio ninguno. Los hechos siguen siendo los mismos”. 

    En su momento Presidencia había decidido adquirir el avión por compra directa, lo que fue objetado dos veces por el Tribunal de Cuentas. 

    Luego optó por abrir una licitación pública internacional, que también fue observada por el organismo en dos oportunidades. 

    El cuestionamiento principal radica en que el pliego de condiciones que debían cumplir los eventuales oferentes era claramente restrictivo, y en la práctica redireccionaba las opciones. 

    En ese sentido, las pautas incluidas en la licitación eran según Long materialmente imposibles de seguir salvo para el responsable de la que fue, en definitiva, la única oferta que existió. 

    Entre esas condiciones se contaba la obligación de completar la oferta en 60 días a partir de la apertura, cuando determinadas certificaciones que debían tramitarse ante el Ministerio de Defensa insumían un lapso mayor. 

    También el hecho que oferentes de otros países, a su cuenta y riesgo, debían trasladar su avión a Montevideo, lo que a juicio del ministro implicaba una clara desventaja entre los posibles competidores. 

    El 12 de enero, Presidencia se amparó en un informe de la Fiscalía de Gobierno para rechazar estas objeciones por “antijurídicas e irracionales”. 

    Según este dictamen de los asesores legales del Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas se basó en “hipótesis no comprobadas que terminan erosiando las competencias constitucionales que le fueron otorgadas, desconciendo la evidencia de una oferta única”. 

    Long señaló que el informe de la Fiscalía de Gobierno es “institucionalmente agraviante para el Tribunal y para sus integrantes”. 

    La decisión de Presidencia con respecto a la aeronave será motivo de una interpelación al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, a mediados de febrero en el Parlamento. 

    El jerarca, que defendió repetidamente la compra del avión bajo el argumento que servirá para múltiples fines, fue convocado al Parlamento por el senador colorado Pedro Bordaberry.

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