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El Tribunal de Cuentas del Uruguay observó por segunda vez la compra del avión presidencial; sospechan que la licitación fue dig

  • El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó por segunda vez la compra del avión presidencial al representante de la marca Mercedes Benz en Uruguay, bajo la sospecha de que la licitación fue armada como para que solo su oferta pudiera ser presentada , dijeron a Búsqueda fuentes del organismo de contralor.


    En una resolución del 15 de noviembre, votada por cuatro votos a favor y tres en contra, el TCR observó el gasto, comunicó la resolución al contador auditor y devolvió las actuaciones.


    Con anterioridad, el TCR había observado la adquisición de la aeronave por tratarse de una adjudicación directa. Ahora volvió a hacer lo mismo luego de hallar fallas en el proceso licitatorio.


    La apertura del llamado a licitación se produjo el 30 de marzo pasado y a él se presentó un solo oferente: Floridian S.A. (sociedad de Carlos Bustin, representante de Mercedes Benz en Uruguay).


    El 15 de abril, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó que el avión “se encuentra en óptimas condiciones de vuelo y se ajusta a las necesidades de operación que la Fuerza Aérea necesita”. El 20 de mayo, la Comisión Asesora de Adjudicaciones sugirió aceptar la compra del avión presidencial por U$S 1.010.000.


    Pero las dudas surgieron cuando se le pidieron más explicaciones a la FAU. “Por motivos de costo y tiempo, no se consideró como viable para la FAU el chequeo en el exterior de las eventuales aeronaves ofertadas, al no saber la Administración cuántas ofertas se recibirían”, se explicó.


    Además, para la compra de cualquier avión, la FAU tiene la obligación de hacer un “vuelo de comprobación” y un “vuelo de verificación”. El primero se hace después de la apertura de la licitación y antes de la adjudicación, para “comprobar el estado general de la aeronave, así como su operatividad y que los equipos detallados en la propuesta se encuentren instalados y funcionando, el control de historiales y demás documentación”.


    El “vuelo de verificación” se realiza luego de que la adjudicación queda firme y antes de la firma del contrato, “para verificar que todo lo comprobado durante el primer vuelo se mantenga en las mismas condiciones de operatividad”.


    Históricamente, las compras de aviones por parte del Estado uruguayo “fueron realizadas a través de acuerdos intergubernamentales y en otros casos se adquirieron directamente del fabricante mediante compra directa por excepción, realizándose vuelos de comprobación en el país de origen y vuelos de verificación en nuestro país”.


    En el pliego de condiciones que rigió la licitación, la FAU asignó un 20% del puntaje a los oferentes que tuvieran el “certificado de aeronavegabilidad otorgado por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia)”.


    El comandante en jefe de la FAU, general del aire Alberto Zanelli, fue consultado sobre los plazos de certificación de aviones por la Dinacia. Contestó el 17 de noviembre, afirmando que “el trámite no debería ser superior a los tres meses, si existen antecedentes de una aeronave similar en el país”.


    Sin embargo, el TCR entendió que “el eventual oferente que se enteró del llamado por las vías de estilo no contaba con el tiempo suficiente (60 días calendario entre la publicación del llamado y su apertura) para tramitar un certificado” ante la Dinacia, “que le permitiría puntuar en igualdad de condiciones con oferentes que contaran con dicho certificado”.


    “Conforme a lo anterior”, añadió el TCR, “existió una imposibilidad material de competir en el procedimiento en igualdad de condiciones para aquellos eventuales oferentes que no contaran con el certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia, lo que contraviene principios como el de igualdad de los oferentes y el de la concurrencia (art. 149 del Tocaf)”.


    Además, al TCR no convenció que la FAU se atribuyera en exclusividad la capacidad de evaluación para instalar dispositivos “de soporte vital” para transportar camillas. El TCR concluyó que eso “no ofrece garantías a eventuales oferentes” porque la ponderación descansa “en la discrecionalidad de la Administración” , lo cual “violenta” el artículo 48 del Tocaf.


    “La Fuerza Aérea hace lo que quiere”.


    Según fuentes del organismo consultadas por Búsqueda, durante el debate que acabó en la resolución, los ministros del TCR mantuvieron una respetuosa pero firme discusión sobre los procedimientos para la compra del avión presidencial.


    El ministro Alberto Sayagués (blanco) dijo que “el Poder Ejecutivo pidió una licitación pero la FAU hizo lo que quiso”. Recordó que en 2015, luego de la primera observación del TCR, el gobierno planteó anular la compra “pero nuevamente la Fuerza Aérea hace lo que quiere”.


    “Pocas veces vi que se hiciera lo que se hizo”, dijo Sayagués. Afirmó que la expedición del certificado de aeronavegabilidad “demora mucho en Uruguay” y que el trámite es tan complicado que hasta el propio instructivo dice que hay que avisar a quien lo vaya a realizar sobre los costos y tiempo que lleva. “El pliego y las actuaciones estuvieron muy mal”, añadió.


    Durante la sesión, Sayagués distribuyó entre sus colegas un informe sobre distintos aviones que tienen bastante horas de uso menos que las que se exigen para este. Dijo que la FAU lo está comparando con un avión viejo para determinar los requisitos, cuando muchas de estas aeronaves son utilizadas en el mercado como proveedoras de repuestos. Además, dijo, los precios son sustancialmente menores al que se pagaría por el avión que está en proceso de compra.


    Sayagués fundamentó su argumento sobre la vetustez del avión. Dijo que el pliego de la licitación marca un límite de antigüedad de 40 años como máximo y esta aeronave tiene 38 años. “Es demasiado excesivo”, manifestó. Además, el pliego dice que la nave debe tener como mínimo ocho pasajeros y este avión puede albergar exactamente a ocho pasajeros.


    “Es una mala compra y la Fuerza Aérea está engañando al presidente” Tabaré Vázquez, dijo Sayagués.


    Intervino entonces el ministro León Lev (frentista) e informó que el gobierno argentino se dispone a adquirir un avión presidencial por más de 50 millones de dólares. Lo dijo para que se tenga una idea de la realidad de la región.


    “Acá no se está innovando”, señaló respecto al certificado habilitante de la Dinacia. Y dijo no compartir “subjetividades” planteadas en sala.


    Lev sostuvo que imputar de una manera subjetiva que la FAU está orientada por un interés diferente al objeto de la licitación implicaría un “grave error” del TCR.


    La ministra Beatriz Martínez (blanca) dijo que tiene que quedar claro que el TCR no objeta la compra de un avión para la Presidencia, por lo cual el dato de cuánto gasta el gobierno argentino con ese propósito “no tiene absolutamente nada que ver con el tema que se está tratando”.


    Lo que se está objetando, dijo, es el procedimiento que se sigue para la adquisición el avión presidencial. Martínez manifestó que no le consta de que el Poder Ejecutivo esté decidido a comprar este avión a como dé lugar, pero dijo no tener dudas de que la FAU sí está embarcada de lleno en este proceso.


    “Yo no me olvido de que cuando se consideró la compra directa, los argumentos que dio la FAU fueron desmentidos por el ministro Ruperto Long, quien demostró que había otros aviones que cumplían con los requisitos”, dijo.


    El ministro Ariel Rodríguez Pereira (frentista) entendió que todo se puede objetar desde el punto de vista de la necesidad de la compra, pero dijo que el TCR se debe ceñir a constatar la legalidad del gasto y al eventual incumplimiento de los procedimientos.


    “Acá se marca una especie de determinación de juicio en cuanto a que esta compra está sesgada a un oferente, pero a mí me consta que hubo un solo oferente y no más de uno”, dijo.


    Rodríguez Pereira insistió en que si hay un solo oferente y la presentación del certificado de la Dinacia no es excluyente, nada obsta para que se presente otro. Por lo tanto, desde el punto de vista legal y de procedimiento no advirtió ninguna falla en el proceso.


    El ambiente se caldeó cuando pidió la palabra el ministro Alvaro Ezcurra (colorado). Dijo que nunca había visto una licitación “tan dirigida como ésta”.


    Ezcurra no imputó intencionalidad al Poder Ejecutivo, pero recordó que el Comando de la FAU quiso adquirir directamente el avión porque era el único que tenía el certificado de la Dinacia. “Se dijo eso y ahora lo ponderan con un 20%, sabiendo que era el único avión que contaba con ese certificado”, expresó.


    Ezcurra insistió con la antigüedad de la aeronave. “Se pide una antigüedad de 40 años y justo este avión tiene 38 años. Lo común es que se pidan menos años de antigüedad”, manifestó.


    El ministro colorado dijo que es preciso aplicar el artículo 49 del Tocaf: anular la licitación e iniciar un sumario para revisar las responsabilidades. “Esta licitación está dirigida y las licitaciones dirigidas son un tipo de corrupción”, precisó.


    Rodríguez Pereira señaló que para quienes son celosos del desempeño funcional, “cuando se deja en duda cualquier procedimiento en cuanto a su transparencia, nos molesta bastante y a mí en particular”.


    El ministro frentista dijo que si hay una sola oferta es fácil mandar una tripulación y verificar el vuelo acá, pero si es necesario enviar tripulaciones a todos lados de eventuales oferentes, el costo sería inmenso.


    Reiteró que “de ninguna forma” las explicaciones dadas por la autoridad están exentas de objetividad y, por tanto, nada de lo que se dijo durante la sesión lo hizo cambiar de opinión.


    Martínez insistió con que “hay condiciones en el pliego que sólo las puede cumplir este oferente”.


    Pero Lev reiteró que durante 60 días se abrió la licitación y salvo un oferente que preguntó si podían ir a verificarlo in situ, ninguna otra oferta fue presentada. “Estos son hechos objetivos y no interpretaciones”, enfatizó.


    “El TCR está interpretando que el llamado está direccionado y eso no es correcto”, agregó.


    La discusión fue laudada por el presidente del TCR, Oscar Grecco. El presidente consideró que “ambas posturas tienen razón” y manifestó que de lo que surge del expediente no podía llegar a la conclusión de que claramente hay una intención de beneficiar a alguien. Sin embargo, expresó su acuerdo respecto a que la competencia fue limitada.


    Rodríguez Pereira dijo que “mal se puede hablar que esto es un tema de corrupción”.


    Finalmente, Grecco propuso que se aprobara la resolución sin ninguna referencia a la deliberada intención de beneficiar a alguien.


    Grecco, Martínez, Ezcurra y Sayagués votaron a favor. La ministra Diana Marcos, Lev y Rodríguez Pereira votaron en contra.

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